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La cobertura de los daños por actos vandálicos o malintencionados constituye uno de los puntos de fricción más frecuentes entre asegurados y compañías. No se trata solo de discutir si un hecho encaja en la definición de vandalismo, sino de establecer con precisión técnica el alcance del daño, la relación de causalidad y la correcta cuantificación económica. Este artículo aborda, desde una perspectiva práctica y con apoyo en la doctrina judicial más reciente, los criterios que permiten evaluar y valorar estos siniestros en pólizas de riesgos diversos, superando aproximaciones superficiales y aportando un análisis riguroso que sirva tanto a peritos como a gestores de siniestros.
La experiencia demuestra que la falta de un protocolo claro de inspección y valoración conduce a discrepancias evitables. Por ello, estructuramos el contenido en torno a tres ejes complementarios: la correcta interpretación de las cláusulas de cobertura, la metodología de cuantificación del daño y los criterios de causalidad que deben guiar la labor pericial. El resultado es una guía que integra los fundamentos jurídicos con las herramientas prácticas de la tasación, ofreciendo una visión completa y aplicable al día a día del profesional del seguro.
La jurisprudencia menor ha ido perfilando con notable precisión qué debe entenderse por acto vandálico en el ámbito asegurador. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias 360/2019, de 24 de octubre, resulta particularmente esclarecedora al afirmar que el concepto de acto vandálico es puramente social, entendido como aquel realizado por ánimo destructivo, mientras que el daño malintencionado sería el ejecutado adrede, con plena conciencia e intención de causarlo. Esta distinción no es baladí, pues determina la inclusión o exclusión de determinados siniestros en la cobertura contratada.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia 106/2012, de 23 de febrero, subrayó que no cabe asimilar automáticamente acto vandálico y acto malintencionado, ya que la disyuntiva presente en las pólizas sugiere la inclusión de dos supuestos distintos. Lo vandálico se vincula al acto feroz o destructivo, mientras que lo malintencionado remite a lo doloso o fraudulento. Esta precisión semántica tiene consecuencias prácticas inmediatas, pues obliga al perito a analizar el ánimo del causante del daño como elemento definitorio de la cobertura.
Un criterio adicional de enorme relevancia práctica es el que diferencia el acto vandálico del daño ocasionado para perpetrar un robo. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 158/2015, de 1 de junio, establece que el carácter fundamental que distingue ambos supuestos es el ánimus del sujeto activo: si concurre ánimo meramente devastador estaremos ante vandalismo; si prevalece el ánimo de lucro, no. Este matiz es crucial en la inspección pericial, donde los indicios deben orientarse a desvelar la verdadera intención del causante, más allá de la mera constatación del resultado dañoso.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia 338/2023, de 1 de marzo, dictada por el Pleno de la Sala Primera de lo Civil, ha clarificado de forma definitiva la distinción entre interés asegurado y riesgo, dos conceptos que con frecuencia se confunden en la práctica pericial y gestora. El interés constituye la relación económica existente entre un sujeto y un bien, y es elemento esencial para la validez del contrato conforme al artículo 25 de la Ley de Contrato de Seguro. Por su parte, el riesgo es el peligro de que se produzca un siniestro, el auténtico nervio del contrato, regulado específicamente en el artículo 4 de la misma norma.
Esta diferenciación tiene implicaciones directas en la evaluación de siniestros. No basta con que exista interés asegurable; es necesario además que el riesgo se materialice durante la vigencia de la póliza. La Sentencia citada resuelve un supuesto paradigmático: la adquisición de una vivienda en subasta judicial cuyo interior no había sido inspeccionado por la tomadora antes de contratar el seguro. El Alto Tribunal concluye que sí existía interés asegurable por su condición de propietaria, pero la validez del contrato exigía además constatar que los daños se produjeron tras su entrada en vigor.
En la práctica tasacional, esto obliga a extremar las precauciones en la determinación del momento de producción del daño. Cuando no existe constancia fehaciente de la fecha del siniestro, cobra especial relevancia el hecho de que la aseguradora hubiera sometido o no al tomador al preceptivo cuestionario de riesgo del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, cuya omisión traslada a la compañía las consecuencias de la falta de prueba sobre el momento del acaecimiento del siniestro.
Una correcta inspección pericial en siniestros por actos vandálicos exige una metodología específica que va más allá de la mera constatación de desperfectos. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos 405/2017, de 11 de diciembre, recuerda que no basta con acreditar la existencia de daños en el inmueble, sino que es preciso probar su etiología vandálica. Esta exigencia, que recae sobre el asegurado demandante, obliga al perito a documentar minuciosamente no solo el resultado del daño, sino todos aquellos indicios que permitan inferir su origen intencionado.
El protocolo de inspección recomendable debe incluir, como mínimo, los siguientes pasos:
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona 107/2025, de 28 de enero, aporta un matiz relevante al señalar que los daños cuya etiología es compatible con la presencia de un animal o con un incumplimiento clamoroso del deber de conservación no pueden calificarse automáticamente como vandálicos. El perito debe, por tanto, descartar de manera razonada otras causas alternativas, como el desgaste por uso, la falta de mantenimiento o la acción de agentes naturales, antes de concluir que concurre un acto vandálico cubierto por la póliza.
La valoración económica de los daños derivados de actos vandálicos exige distinguir cuidadosamente entre los perjuicios que afectan al continente y aquellos que recaen sobre el contenido, aplicando en cada caso los criterios de valoración pactados en la póliza. En el seguro multirriesgo del hogar, es habitual encontrar como suma asegurada el valor de reposición de la edificación y del mobiliario por separado, con porcentajes de cobertura específicos para los casos de vandalismo que pueden alcanzar el cien por cien de las sumas garantizadas.
La determinación del valor de reposición debe realizarse conforme a criterios objetivos de mercado, utilizando fuentes contrastables como bases de precios de la construcción, tarifas de gremios profesionales o herramientas informáticas de valoración. La Sentencia del Tribunal Supremo 338/2023, de 1 de marzo, avala la utilización de facturas proforma como elemento probatorio del importe de los daños, siempre que hayan sido ratificadas y no resulten desvirtuadas por una contrapericial de la aseguradora con igual o mayor rigor técnico.
Un aspecto de especial complejidad es la inclusión de determinados elementos en la partida del continente o del contenido, particularmente en lo relativo al mobiliario de cocina. La doctrina jurisprudencial más reciente considera que los muebles de cocina, al hallarse incorporados a la vivienda para su exclusivo servicio y satisfacer una condición básica de habitabilidad, deben incluirse en el continente a efectos de valoración, incluso aunque puedan ser materialmente separados sin menoscabo del inmueble. Los electrodomésticos, por el contrario, mantienen su consideración como contenido cuando no forman parte estructural de la edificación.
La correcta cuantificación exige también tener en cuenta las exclusiones pactadas en la póliza. Son frecuentes las cláusulas que excluyen los daños derivados de deficiencias graves y notorias de conservación, la acción lenta y paulatina de la humedad o el humo, así como las simples rayaduras, desconchados, agrietamientos, deformaciones, decoloraciones o manchas que no respondan a una acción destructiva intencionada. El perito debe analizar cada partida reclamada a la luz de estas exclusiones para depurar la indemnización de aquellos conceptos que carezcan de cobertura.
El principio general de la carga de la prueba, consagrado en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impone al asegurado demandante la obligación de acreditar no solo la existencia de los daños cuyo resarcimiento pretende, sino también su origen en un acto vandálico cubierto por la póliza. La jurisprudencia ha sido constante al afirmar que cuando el tribunal considere dudosos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor que no resulten suficientemente probadas. Esta regla procesal tiene una traducción directa en el rigor metodológico exigible al informe pericial del asegurado.
Ahora bien, el principio dispositivo se modula en el ámbito del contrato de seguro por la existencia de deberes precontractuales específicos, como el sometimiento al cuestionario de riesgo previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. La Sentencia del Tribunal Supremo 338/2023, de 1 de marzo, es taxativa al respecto: la aseguradora que no somete al tomador al oportuno cuestionario debe asumir las consecuencias de tal omisión, lo que en la práctica se traduce en una inversión de la carga probatoria sobre el momento de producción del siniestro. Si la compañía no puede acreditar que los daños se produjeron antes de la entrada en vigor del contrato, decae su argumento defensivo basado en la inexistencia del riesgo.
En la práctica pericial, esto significa que el informe debe incorporar un apartado específico de análisis cronológico, en el que se examinen todos los indicios disponibles para situar temporalmente la producción de los daños. La datación de los desperfectos puede apoyarse en elementos como el estado de oxidación de superficies metálicas, la presencia de polvo o suciedad acumulada sobre las zonas dañadas, la existencia de moho o humedad en áreas donde se han producido roturas de conducciones, o la comparación con fotografías o testimonios que permitan establecer un antes y un después.
Uno de los principales escollos que encuentra el perito en la evaluación de siniestros es la correcta diferenciación entre los daños que responden a un acto vandálico y aquellos que son consecuencia del mero uso inadecuado o de la negligencia en la conservación del inmueble. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid 143/2016, de 10 de mayo, aborda esta cuestión señalando que, cuando los daños son causados dolosamente, es decir, con conciencia e intención de producir el desperfecto, están cubiertos por la garantía aunque no concurra un especial ensañamiento. El dolo eventual también queda comprendido, entendiendo por tal aquellos daños que se presentan como consecuencia necesaria de una determinada acción u omisión que el causante se representa y pese a ello acepta.
La aplicación práctica de esta doctrina exige un análisis individualizado de cada uno de los desperfectos detectados, evitando generalizaciones que conduzcan a soluciones injustas. Así, no es lo mismo la rotura de un elemento de carpintería por un golpe accidental al introducir un mueble, que quedaría excluida de la cobertura por falta de intencionalidad, que el arrancamiento deliberado de piezas de mobiliario o la realización de pintadas en paramentos, que sí constituyen actos vandálicos típicos. La clave reside en determinar si la acción causante del daño fue consciente y voluntaria, aunque el resultado concreto no fuera expresamente buscado por el autor.
La presencia de animales en el inmueble introduce un factor de complejidad adicional. La jurisprudencia ha oscilado entre considerar que los daños causados por animales domésticos no responden a un acto vandálico, por cuanto el animal carece del ánimo destructivo exigible, y afirmar que el propietario del animal, cuando permite de manera reiterada que cause daños siendo plenamente consciente del resultado dañoso, sí está incurriendo en una conducta dolosa por omisión que encaja en la cobertura. La solución más equilibrada pasa por analizar la conducta del responsable del animal y su grado de conocimiento y aceptación del daño.
La proliferación de ocupaciones ilegales ha generado un nuevo escenario para la aplicación de las coberturas de vandalismo, con pronunciamientos judiciales que delimitan cuidadosamente los contornos de la garantía. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 714/2024, de 25 de octubre, analiza un supuesto de ocupación de un centro comercial y concluye que, aunque la ocupación impidió el acceso al local y provocó la paralización de la actividad comercial, no puede considerarse un acto de vandalismo en sentido estricto si no concurre destrucción o daño físico a la propiedad.
Para que la ocupación de un inmueble active la cobertura de vandalismo, es necesario que los ocupantes causen intencionadamente daños materiales en el mismo, más allá de la mera privación del uso. La mera ocupación pacífica, sin destrozo alguno, no encaja en el concepto de acto vandálico definido en la póliza. Esta distinción obliga al perito a documentar con precisión los daños que sean directamente imputables a la conducta de los ocupantes, excluyendo de la reclamación aquellos deterioros que respondan al simple desgaste por el paso del tiempo o a la falta de mantenimiento del inmueble durante el período de ocupación.
La práctica pericial en estos casos debe extremar las precauciones, realizando un inventario exhaustivo de los daños existentes y relacionándolos causalmente con acciones concretas de los ocupantes. Es recomendable también recabar información sobre el estado anterior del inmueble, a través de fotografías, informes de inspecciones previas o testimonios, para poder distinguir los desperfectos preexistentes de aquellos causados durante la ocupación.
| Criterio de Distinción | Acto Vandálico | Daño por Uso o Negligencia |
|---|---|---|
| Ánimo del causante | Ánimo destructivo o aceptación del daño como consecuencia necesaria | Falta de diligencia o descuido sin intención de dañar |
| Patrón del daño | Destrucción localizada, patrones agresivos, múltiples elementos afectados | Deterioro progresivo, desgaste por roce, acumulación de suciedad |
| Instrumentos | Uso de herramientas, objetos contundentes o pinturas aplicadas deliberadamente | Ausencia de instrumentos específicos, daños por uso inadecuado |
| Distribución espacial | Concentración en zonas visibles o de acceso restringido, sin relación con el uso ordinario | Zonas de paso frecuente, áreas de uso cotidiano |
| Relación temporal | Aparición súbita coincidente con un evento identificable | Evolución gradual sin vinculación a un hecho concreto |
El artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro impone al tomador el deber de declarar a la aseguradora, antes de la conclusión del contrato, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Este deber se materializa habitualmente mediante la cumplimentación de un cuestionario sometido por la aseguradora. La jurisprudencia ha sido contundente al afirmar que la omisión de este cuestionario impide a la compañía aseguradora alegar posteriormente el desconocimiento de circunstancias que habrían influido en la valoración del riesgo.
La Sentencia del Tribunal Supremo 338/2023, de 1 de marzo, aplica esta doctrina en un contexto de siniestro vandálico, concluyendo que la aseguradora que contrató la póliza sin someter a la tomadora al preceptivo cuestionario no puede escudarse en la falta de acreditación de la fecha del siniestro para eludir su responsabilidad. El razonamiento es impecable: si la compañía hubiera preguntado sobre el estado del inmueble en el momento de la contratación, habría podido valorar adecuadamente el riesgo y, en su caso, establecer las exclusiones o limitaciones que considerara oportunas. Al no hacerlo, asume las consecuencias de su falta de diligencia.
Para el profesional de la tasación, esta doctrina tiene una importante repercusión práctica. En aquellos siniestros en los que exista controversia sobre el momento de producción del daño, será necesario analizar si la aseguradora sometió al tomador a un cuestionario de riesgo adecuado. La ausencia de cuestionario, o la formulación de preguntas genéricas que no permitan una valoración precisa del riesgo, jugará en favor del asegurado en el momento de acreditar la cobertura del siniestro.
La tasación de daños derivados de actos vandálicos se beneficia cada vez más del uso de herramientas informáticas especializadas que permiten estandarizar y objetivar el proceso de valoración. En el ámbito de los siniestros de vehículos automóviles, el método AUDATEX se ha consolidado como referencia para la cuantificación de daños, proporcionando baremos actualizados de tiempos de reparación y precios de recambios. En los siniestros del hogar y riesgos diversos, aunque no existe un estándar único de mercado, existen aplicaciones profesionales que facilitan la elaboración de presupuestos y la comparación con bases de precios contrastables.
La utilización de estas herramientas no exime al perito de aplicar su criterio profesional en la interpretación de los resultados, pero sí aporta un elemento de objetividad que refuerza la solidez del informe pericial frente a una eventual impugnación. La combinación de la inspección visual, el levantamiento fotográfico detallado y la aplicación de baremos informáticos constituye la mejor práctica para lograr valoraciones ajustadas a la realidad del mercado y resistentes al escrutinio judicial. La formación continua en el manejo de estas aplicaciones debe formar parte del plan de desarrollo profesional de todo perito de seguros.
Cuando un seguro del hogar o de un negocio incluye la cobertura de actos vandálicos, está protegiendo al asegurado frente a los daños causados por personas que actúan con intención de destruir o deteriorar sus bienes, sin que exista otro móvil como el robo. Es fundamental entender que no todos los desperfectos que aparecen en una vivienda pueden considerarse vandalismo: si el daño es fruto del desgaste natural, de un mal uso continuado o de una falta de mantenimiento, la aseguradora no estará obligada a indemnizar. Por eso, es importante conservar pruebas del estado del inmueble antes y después del siniestro, y comunicar lo sucedido a la compañía de inmediato, aportando fotografías, denuncias y cualquier evidencia disponible.
En caso de discrepancia con la aseguradora sobre la cobertura o el importe de la indemnización, el asegurado debe saber que la ley le protege en varios aspectos. Si la compañía no le formuló un cuestionario detallado cuando contrató la póliza, no podrá luego negarse a cubrir el siniestro alegando que desconocía circunstancias del riesgo. Además, la valoración de los daños debe hacerse conforme a criterios objetivos de mercado, utilizando facturas, presupuestos o informes periciales que reflejen el coste real de la reparación. Contar con el asesoramiento de un perito independiente puede marcar la diferencia entre una indemnización justa y una reclamación infructuosa.
La doctrina jurisprudencial analizada revela una consolidación de los criterios de distinción entre el acto vandálico y otras figuras afines, con especial énfasis en el elemento anímico como factor definitorio de la cobertura. El profesional de la tasación debe incorporar a su metodología de trabajo un protocolo específico de inspección que permita documentar no solo el resultado material del daño, sino también los indicios que permitan inferir su etiología intencionada. Resulta especialmente relevante la diferenciación entre el dolo directo y el dolo eventual en la causación de daños, así como la correcta interpretación del dolo de consecuencias necesarias que recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 98/2018, de 15 de marzo.
Desde el punto de vista de la gestión de siniestros, es imprescindible integrar en el análisis del caso la verificación del cumplimiento por parte de la aseguradora de sus deberes precontractuales, particularmente el sometimiento al cuestionario del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. La ausencia de este cuestionario opera como un límite a las facultades defensivas de la compañía que debe ser tenido en cuenta en la estrategia de negociación del siniestro. Finalmente, la utilización de herramientas informáticas de peritación, combinada con el criterio profesional, constituye el estándar de calidad exigible a una peritación rigurosa y actualizada, capaz de superar el control judicial en caso de litigio.
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